El impuesto a la patente automotor es hoy uno de los gravámenes más cuestionables del sistema fiscal argentino por una razón simple: grava reiteradamente el mismo bien económico desde múltiples ángulos, generando una acumulación de cargas que no guarda proporción con un servicio concreto ni con un criterio tributario coherente. Aunque formalmente es un impuesto patrimonial provincial, en la práctica se transformó en una imposición múltiple sobre la movilidad privada.

Para entender por qué ocurre esto, conviene revisar primero su origen.

El origen: financiar caminos y regular un bien nuevo

Cuando los vehículos comenzaron a masificarse durante el siglo XX, los Estados necesitaban financiar la construcción y mantenimiento de rutas, calles y sistemas de tránsito. El automóvil era una tecnología nueva que generaba costos públicos específicos: infraestructura, señalización, control, regulación administrativa.

El impuesto automotor nació en ese contexto. Su lógica era clara: quien posee un vehículo contribuye al sostenimiento del sistema vial que hace posible su circulación. Era, en esencia, una forma indirecta de aplicar el principio de usuario-pagador.

En ese momento el tributo tenía una justificación funcional: el automóvil generaba un gasto público identificable y el impuesto ayudaba a cubrirlo.

El cambio silencioso: de instrumento funcional a impuesto patrimonial

Con el paso del tiempo, la estructura de financiamiento del sistema vial cambió profundamente. Hoy las rutas y autopistas no se sostienen únicamente —ni principalmente— con impuestos a la propiedad de vehículos.

Existen múltiples fuentes directas de financiamiento:

• peajes por uso de infraestructura
• impuestos específicos incluidos en combustibles
• financiamiento presupuestario general

Es decir, el uso real de la red vial ya se paga de manera directa cada vez que se circula o se consume combustible.

Sin embargo, la patente automotor no desapareció ni se redujo. Por el contrario, se consolidó como un impuesto patrimonial permanente. Dejó de ser un instrumento vinculado al uso del sistema vial y pasó a gravar simplemente la tenencia del vehículo como activo económico.

Ese cambio transformó completamente su naturaleza.

El problema actual: un mismo bien gravado en todas sus etapas

Hoy el automóvil en Argentina no está sujeto a un único tributo, sino a una cadena completa de imposiciones que actúan simultáneamente sobre el mismo bien.

• Se paga al adquirirlo, mediante impuestos a la compra y costos de registración.
• Se paga por poseerlo, mediante la patente periódica.
• Se paga por su valor como activo, si integra el patrimonio alcanzado por el impuesto nacional sobre los bienes personales.
• Se paga por usar la infraestructura vial, mediante peajes.
• Se paga por hacerlo funcionar, a través de la carga impositiva incorporada al precio de los combustibles.

El resultado es que un único activo económico soporta gravámenes sobre:

• su adquisición
• su registro
• su tenencia
• su valor patrimonial
• su utilización
• su consumo operativo

Esto no ocurre de manera excepcional o marginal, sino de forma estructural y permanente.

¿Doble imposición legal? No.
¿Imposición múltiple real? Sí.

Desde el punto de vista jurídico, estos tributos no son idénticos ni pertenecen a la misma jurisdicción, por lo que técnicamente no constituyen doble imposición en sentido formal. Pero desde el punto de vista económico el resultado es inequívoco: la misma capacidad económica —poseer y utilizar un vehículo— es gravada reiteradamente por distintos mecanismos.

Cuando un mismo recurso soporta cargas fiscales sucesivas sobre su adquisición, su valor, su tenencia y su uso, se produce lo que en términos económicos puede describirse como imposición múltiple sobre una misma base material.

Eso es exactamente lo que ocurre con el automóvil en Argentina.

Qué ocurre en otros países de América Latina

La existencia de impuestos vinculados a los vehículos no es exclusiva de Argentina. Sin embargo, lo que distingue al sistema argentino es la acumulación simultánea de gravámenes sobre el mismo bien, algo que no siempre se replica con igual intensidad en otros países de la región.

En la mayoría de los casos, los sistemas tienden a concentrarse en uno o dos mecanismos principales, no en una superposición extensa de cargas.

En Chile se aplica el permiso de circulación anual, calculado sobre el valor fiscal del vehículo. Es un tributo patrimonial similar a la patente argentina, pero el sistema se apoya fuertemente en el financiamiento vial mediante peajes extensivos y concesiones privadas. La estructura es más clara: pago anual por tenencia y pago directo por uso de infraestructura, sin una superposición tan amplia de gravámenes sobre la misma base económica.

México tuvo históricamente un impuesto de tenencia vehicular similar a la patente, pero su alto costo político y económico llevó a que muchos estados lo redujeran o eliminaran progresivamente. Hoy el esquema es heterogéneo según jurisdicción, pero en gran parte del país el impuesto patrimonial anual dejó de ser un componente central del sistema.

Colombia mantiene un impuesto anual sobre vehículos basado en avalúo comercial, pero su peso dentro del sistema tributario global es más acotado y forma parte de una estructura menos superpuesta de gravámenes sobre la movilidad.

Por qué es distorsivo

Un sistema tributario razonable busca evitar gravar repetidamente el mismo hecho económico, porque eso genera distorsiones:

• encarece artificialmente ciertas actividades o bienes
• altera decisiones de inversión y consumo
• concentra la presión fiscal en sectores específicos
• rompe la proporcionalidad entre tributo y capacidad contributiva real

El automóvil se convierte así en uno de los activos más intensamente gravados del sistema, sin que exista una justificación funcional clara que explique por qué debe soportar más carga que otros bienes de valor similar.

Si el uso de la infraestructura se paga con peajes y combustibles, y la riqueza se mide con impuestos patrimoniales generales, mantener además un impuesto específico y permanente sobre la tenencia del vehículo implica superponer mecanismos recaudatorios sobre la misma base económica.

Eso es lo que vuelve al impuesto automotor particularmente distorsivo.

De tributo funcional a recaudación redundante

El problema central no es que exista un impuesto sobre vehículos. Muchos países lo tienen.
El problema es que en Argentina el impuesto no reemplaza otros mecanismos de financiamiento ni se integra en un esquema coherente.

Simplemente se suma.

La patente ya no cumple su justificación original, porque el sistema vial se financia por otras vías. Tampoco es necesaria como instrumento general de medición de riqueza, porque existen impuestos patrimoniales integrales.

Permanece, entonces, como un gravamen adicional sobre un bien que ya soporta múltiples cargas fiscales por distintos conceptos.

La cuestión de fondo: racionalidad del sistema tributario

Un sistema impositivo no se evalúa solo por cuánto recauda, sino por cómo distribuye esa carga y qué efectos genera sobre la economía real. Cuando un mismo activo es gravado reiteradamente por razones distintas pero sobre la misma base material, el sistema deja de ser racional y pasa a ser acumulativo.

En ese contexto, el impuesto automotor —tal como funciona hoy— aparece como un tributo cuya justificación histórica desapareció, cuya función económica se superpuso con otros mecanismos y cuya carga efectiva resulta desproporcionada respecto del bien gravado.

¿Por qué debería eliminarse?

Si un tributo:

• ya no cumple la función para la que fue creado,
• se superpone con otros mecanismos de financiamiento,
• grava reiteradamente la misma base económica,
• y genera una presión fiscal sectorial desproporcionada,

entonces su continuidad no responde a criterios de racionalidad tributaria sino exclusivamente a necesidad recaudatoria.

Eliminarlo no sería una excepción ni una anomalía, sino una corrección lógica de un sistema que acumuló capas impositivas sin rediseñarse.

La patente automotor nació como un instrumento funcional para financiar la infraestructura vial. Con el tiempo perdió esa función, pero no desapareció. En cambio, se sumó a una estructura tributaria que ya grava la compra, la tenencia, el valor, el uso y el funcionamiento del vehículo.

Aunque jurídicamente no sea doble imposición, en la práctica representa una imposición múltiple sobre un mismo bien económico. Esa superposición es lo que la convierte en uno de los tributos más distorsivos del sistema argentino.

Revisar su existencia no es un planteo ideológico ni sectorial. Es, simplemente, una cuestión de coherencia fiscal.