El jueves 21 de mayo tomó estado público la intimación de Vialidad Nacional al propietario del Hotel Sol de Funes por trabajos de mejora realizados en un acceso vinculado a la autopista Rosario-Córdoba, luego de que el privado avanzara sobre una zona que llevaba más de un año sin respuestas oficiales. Como parte de una política de empecinamiento terapéutico, este miércoles 27, el organismo fue por más y se atrevió a hablar de una intervención “temeraria” por parte del empresario. La pregunta que se plantea en este escenario es: ¿de quién es realmente la actitud temeraria?

El punto técnico existe y no debe esquivarse. Una autopista no puede tener ingresos o egresos improvisados, porque allí circulan vehículos a alta velocidad y cualquier maniobra mal diseñada puede generar riesgos. Pero usar ese argumento para cerrar la discusión es demasiado cómodo. Antes de la intimación hubo un problema sin resolver, reclamos sin respuesta y un acceso que el Estado no mantuvo en condiciones.

Vialidad Nacional y el espejo de la palabra “temeraria”

Vialidad Nacional eligió una palabra fuerte. “Temeraria” busca instalar la idea de una acción imprudente, unilateral y peligrosa. Pero en este caso, la palabra vuelve como un espejo. Temerario también es el estado de muchas rutas nacionales, la falta de mantenimiento, la ausencia de soluciones y la facilidad con la que un organismo puede aparecer tarde para cuestionar lo que no resolvió.

También resulta temeraria la falta de criterio institucional para entender el absurdo central del caso: un privado que ya paga impuestos para que el Estado mantenga la infraestructura pública termina poniendo más dinero de su bolsillo para mejorar lo que el Estado no hizo y, finalmente, recibe una intimación del mismo organismo que no solucionó la situación.

La seguridad vial no puede ser una excusa selectiva

La seguridad vial importa. Nadie puede negar que una conexión con una autopista debe cumplir condiciones técnicas, autorizaciones y criterios de diseño. Pero la seguridad vial no puede convertirse en una excusa selectiva. Un acceso en malas condiciones, una colectora deteriorada, una banquina sin mantenimiento o una obra que se demora durante más de un año también forman parte del riesgo.

Por eso, el debate no es si Vialidad Nacional puede exigir reglas. Claro que puede. El debate es si cumple con la parte que le corresponde. Si una intervención privada no cumple con las condiciones técnicas, el camino lógico debería ser ordenar su adecuación, establecer plazos, definir un proyecto seguro y asumir la parte pública del problema. Lo que no resulta razonable es limitar la respuesta a una intimación que puede devolver la situación al mismo estado de deterioro que originó el conflicto.

Cuando el Estado no hace, otros terminan pagando

El emprendimiento Hotel Sol de Funes está vinculado a una zona estratégica, frente a una autopista clave para Rosario, Funes y la conexión con Córdoba. Por allí circulan turistas, trabajadores, proveedores, vecinos y personas que asisten a eventos. Un acceso en malas condiciones no es un detalle menor: afecta la operación del establecimiento, pero también la circulación de quienes transitan por la zona.

La infraestructura no se administra solo con expedientes. Se administra con obras, mantenimiento, presencia territorial y respuestas concretas. Si todo se reduce a esperar, rechazar, intimar y ordenar demoliciones, el organismo se convierte en una oficina de objeciones, no en una herramienta para mejorar caminos.

Por eso, la palabra “temeraria” no debería quedar pegada al privado. Debe volver hacia Vialidad Nacional y hacia una política pública que parece más rápida para intimar que para hacer las obras que debe hacer.