El Gobierno argentino continúa trabajando en una nueva legislación para bajar la edad mínima de imputabilidad a menores, actualmente fijada en 16 años, con proyectos que la ubican en 13 o 14 años según los consensos parlamentarios. En ese contexto, distintos países del mundo aplican regímenes penales juveniles con edades mínimas diversas, que determinan desde cuándo un menor puede ser considerado penalmente responsable.

Europa

En Reino Unido, la edad mínima de responsabilidad penal es de 10 años en Inglaterra y Gales. Escocia elevó recientemente ese umbral a 12 años, tras décadas en las que fue uno de los más bajos del continente.

España, Italia y Alemania fijan la imputabilidad penal a partir de los 14 años, bajo sistemas juveniles diferenciados del régimen adulto.

En Francia, los menores pueden enfrentar responsabilidad penal desde los 13 años, aunque con medidas específicas y restricciones severas en materia de penas.

Suecia mantiene hoy la edad en 15 años, con un debate legislativo abierto para reducirla a 13 en casos determinados.

América del Norte

En Estados Unidos, no existe una edad mínima única a nivel federal. Cada estado define su propio criterio y, en varios casos, no hay un umbral legal explícito, lo que habilita la intervención judicial sobre menores muy jóvenes según el tipo de delito.

Canadá establece la responsabilidad penal juvenil desde los 12 años, con un sistema diferenciado que se aplica hasta los 17.

México aplica su régimen penal juvenil a partir de los 12 años, con sanciones diferenciadas del sistema adulto.

Asía Pacífico

Japón fijó la edad mínima de imputabilidad en 14 años, bajo un régimen especial de justicia juvenil.

En China, la regla general es más alta, aunque la ley permite responsabilidad penal desde los 12 años en delitos considerados extremadamente graves.

Australia mantiene la edad mínima en 10 años en la mayoría de sus jurisdicciones, dentro de un sistema penal juvenil propio.

La edad mínima de imputabilidad varía de manera significativa entre países y regiones, con modelos que combinan responsabilidad penal, sistemas juveniles específicos y límites estrictos a las penas. En todos los casos, estos umbrales forman parte de marcos legales en revisión permanente, atravesados por debates legislativos, sociales y judiciales.